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Todos pueden espiarnos

Todos pueden espiarnos
Adquirir un dispositivo de espionaje o contraespionaje en México es sencillo hasta para el internauta más novato. |

Adquirir un dispositivo de espionaje o contraespionaje en México es sencillo hasta para el internauta más novato. Basta con tener acceso a internet y una tarjeta de crédito para conseguir desde una pluma con cámara integrada hasta software que permite tener acceso a correos, lista de contactos, mensajes, fotografías e incluso documentos borrados con anterioridad de cualquier teléfono celular o equipo de cómputo.

El procedimiento es sencillo: en cualquier buscador en Internet se introducen las palabras "equipo de espionaje"; inmediatamente se desplegará una lista de tiendas virtuales. Lo que sigue es seleccionar los artículos, proporcionar los datos de la tarjeta bancaria y listo, la compra llegará vía paquetería a más tardar en 15 días.

Aunque la venta de equipos de espionaje y contraespionaje a sectores ajenos al gobierno es un delito en el país, su oferta es amplísima, su comercialización no está controlada por ninguna autoridad y, debido a la proliferación que en los últimos años registraron las tiendas que ofrecen este tipo de tecnología, sus costos son cada vez más accesibles para cualquier persona.

Especialistas advierten que la falta de controles respecto a la venta de estos artículos, la corrupción en las aduanas y la nula aplicación de la ley en casos de espionaje, han hecho que éste se convierta en una práctica cada vez más común en México.

A pesar de ello, la intervención ilegal de comunicaciones privadas no es un tema presente en la agenda del gobierno federal y del Congreso. Especialistas y políticos advierten que esto se debe a que el espionaje es un arma que también utilizan los encargados de sancionar este delito.

El mercado negro

El artículo 16 de la Constitución señala que las comunicaciones privadas son inviolables y que el gobierno es el único facultado para intervenirlas con el objetivo de recabar información y advertir riesgos a la seguridad pública y la soberanía nacional.

El marco legal que regula la intercepción de comunicaciones privadas indica que ésta puede realizarse únicamente mediante orden de un juez cuando existan indicios suficientes de la persecución de un delito. Además, se prohíbe que se lleve a cabo cuando se trate de materia electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativa. La violación de estos parámetros es castigada por el Código Penal Federal con penas que van de 6 a 12 años de prisión y multas de 300 a 600 días de salario mínimo.

Mientras el mercado clandestino de tecnología para espiar crece, en los últimos años se han realizado modificaciones legales para darle al gobierno federal más facultades para intervenir las comunicaciones de los ciudadanos. En julio pasado, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones, en las que se establece que los concesionarios de telecomunicaciones y los proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos están obligados a registrar y guardar hasta por dos años toda la información de las comunicaciones que realice cualquier persona.

Este registro que, entre otros datos, debe contener nombre del usuario de la línea y origen y destino de la comunicación, deberá estar disponible para las instancias de seguridad y procuración de justicia. Aunque estas modificaciones fueron ampliamente criticadas, pues se señaló que vulneraban el derecho a la privacidad consagrado en el artículo 16 de la Constitución, finalmente se aprobaron, estableciendo que las autoridades podrán tener acceso a dicha base de datos mediante orden de un juez.